Manejo comunitario y posconflicto abren vías para la gestión y conservación forestal en Colombia: Br
Colombia es uno de los países con más bosques en Sudamérica, pues posee cerca de 60 millones de hectáreas forestales silvestres, una superficie comparable al tamaño de España o Francia; pero la extensión agrícola y sobre todo la apropiación de las tierras por parte de organizaciones delictivas están causando una mayor degradación y pérdida de estos ecosistemas, destacó Brigitte Baptiste, doctora en ciencias ambientales y directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt de Colombia.
Durante su conferencia magistral en el V Congreso Internacional de Servicios Ecosistémicos en los Neotrópicos, celebrado del 13 al 16 de noviembre en México, Baptiste mencionó que en su país la tasa promedio de deforestación es de 128 mil hectáreas por año y probablemente este año se llegue a las 200 mil hectáreas.
Esta situación es importante si se considera que los servicios ecosistémicos que ofrecen los bosques, es decir, los bienes y servicios que obtenemos de ellos, son numerosos: “los directos, que corresponden con todos los aprovechamientos materiales que se pueden hacer del bosque. En segundo lugar, los beneficios inmateriales de los cuales también tenemos bienestar y tienen que ver con la regulación hídrica, la producción de suelo, la captura de carbono, la regulación de nutrientes y el hábitat para especies de polinización o de control biológico. Y en tercer lugar, los beneficios que obtenemos indirectamente y se asocian con la inspiración, el goce del paisaje, la salud mental y la identidad colectiva”, mencionó en entrevista.
Brigitte Baptiste, quien representa a Colombia y Latinoamérica en el grupo de los 25 expertos del Panel Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), añadió que otras causas de deforestación se relacionan con la desertización de humedales, la destrucción de otros ecosistemas y la superposición de territorios, que sucede cuando las áreas silvestres o protegidas se ven modificadas por nuevos asentamientos humanos o industriales, o también cuando una comunidad es desplazada por la implementación de áreas protegidas, lo cual genera conflictos sociales.
Aludió que un programa de monitoreo de deforestación reveló que alrededor de un millón y medio de hectáreas de ecosistemas silvestres colombianos habían sido cambiadas a otros usos en los últimos dos años.
A pesar de todo lo anterior, distintos actores ya están trabajando para conservar y aprovechar los bosques de manera sustentable.
El término del conflicto de más de 50 años entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC) es una oportunidad para la gestión ambiental, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en su país, de acuerdo con Baptiste, pues “genera un paisaje tremendamente nuevo para la gobernanza, lo que se negocia es realmente muy importante”; pero también crea riesgos al ser representativo del conflicto ambiental en Latinoamérica.
Ejemplificó que en un contexto de posconflicto, se acaba de anunciar que Colombia creará una nueva área protegida en el Pacífico, la cual ya no tendrá un esquema de conservación restrictivo para la entrada de personas, sino una figura de manejo compartido y de consejos comunitarios, producto del trabajo con las comunidades negras.
“Las áreas de propiedad colectiva son los resguardos indígenas y los territorios de comunidades negras también con resguardos indígenas en esta zona del Pacífico. Más de 100 etnias y las comunidades negras están manejando casi la mitad de los bosques colombianos, están en sus manos, dentro de la ley forestal, pero bajo esquemas de ciertos niveles de autonomía”, mencionó la bióloga colombiana.
Para Baptiste, quien también es integrante del cuerpo científico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), el manejo comunitario de las áreas de conservación y la gestión colectiva de territorios es fundamental pues las comunidades tienen sus propios instrumentos de gobernanza local de preservación y uso de recursos forestales, que respetan, pero que siguen sin tener reconocimiento del Estado.
“Hay una discusión muy activa este año acerca de los grupos locales reconocidos como autoridad ambiental, es decir, que pueden otorgar licencias, detener procesos de intervención de territorio que no estén acordes con sus planes de vida, con sus proyectos reconocidos también constitucionalmente de autonomía y manejo territorial”, afirmó.
Por último, resaltó que la gobernanza de las áreas protegidas requiere un cambio de legislación que permita otros acercamientos hacia la conservación e incluya el diálogo con todos los actores, desde comunidades indígenas, negras y campesinas hasta ONG’, académicos y tomadores de decisiones.
